¿Por qué y cómo actuar?

Hay diversas razones del porqué las comunidades afectadas deciden actuar sobre un proyecto como la construcción de un centro de datos. Algunas de ellas, son:

a. Buscar y exigir información en medio del secretismo

Lo que muestra la evidencia internacional es que, en general, se trata de proyectos muy sigilosos que se llevan en secreto y donde se presentan una serie de barreras (tanto desde las empresas como muchas veces de los propios gobiernos) para conocer sus verdaderos impactos socioambientales sobre los territorios.

Por un lado, las empresas tecnológicas y los gobiernos están utilizando acuerdos de confidencialidad para negociar la instalación de centros de datos lejos de la vista del público. Así, en Bessemer, Alabama, por ejemplo, los funcionarios firmaron acuerdos de confidencialidad para rezonificar tierras agrícolas para un proyecto de 14.500 millones de dólares sin informar a los residentes (MediaJustice, 2025). Esto se repite también cuando se quiere conocer la información completa sobre los impactos socioambientales de los centros de datos en un territorio: muchas veces, con la excusa del secreto corporativo, empresas y gobiernos niegan información tan importante como el consumo de agua de estas infraestructuras, como ocurrió en el departamento de Canelones, Uruguay, a propósito de la construcción de un centro de datos de Google (Parentelli, 2023).

Pero también hay barreras por ofuscación: información enrevesada y abundante que se diseña para que las personas comunes afectadas, pero también muchas veces para los especialistas independientes, tengan altas dificultades para entenderla. Un clásico ejemplo son los reportes ambientales de las empresas tecnológicas (Le Goff, 2025)

O, derechamente, la estrategia es el ocultamiento de información por parte de las empresas. Por ejemplo, según un documento interno filtrado, Amazon planeó divulgar únicamente el uso principal de agua de sus centros de datos —unos 7.7 mil millones de galones al año— para su campaña “Agua Positivos”, mientras retenía cifras sobre el uso secundario (por ejemplo, el agua usada en la generación de electricidad y otras funciones indirectas) que podrían duplicar la estimación. La empresa, que opera cientos de instalaciones y ya consume inmensas cantidades de agua (unos 105 mil millones de galones anuales en 2021), fue acusada por expertos de ocultar su “huella hídrica” real al no cubrir el uso indirecto, que según el documento representa aproximadamente el 90 % del total (Barratt & Furneaux, 2025). Esto es también interesante porque solo unas semanas antes de conocerse esta filtración, Amazon había publicado un video especial sobre cómo sus data centers usan agua y su compromiso de ser “Agua Positivos” (Amazon, 2025).

Así, la recopilación de información de las comunidades toma distintas formas: investigación de fuentes abiertas como medios e informes públicos, pedidos de información a las autoridades competentes si las jurisdicciones así lo habilitan, recopilación de información de fuentes indirectas (como otras experiencias similares en el mundo), o incluso ir a tribunales como en el caso de Google data center en Canelones, Uruguay.

Debido a que en muchos de los países la emergencia de los centros de datos es relativamente nueva, sobre todo en la hiperescala que demanda la Inteligencia Artificial, no existen en las comunidades muchas capacidades para responder de inmediato, y se debe invertir un tiempo considerable en la creación de conocimiento técnico y de capacidades. Esta brecha de conocimiento, con todo, se ve aminorada conforme los impactos socioambientales de los centros de datos están crecientemente en la mira de la opinión pública, lo que hace que la información pueda tener mejores circuitos de difusión.

b. Denunciar públicamente el incumplimiento de estándares socioambientales adecuados en sus territorios

Una vez que las comunidades logran hacerse una idea de los impactos socioambientales de los centros de datos en sus territorios, generalmente viene la búsqueda de participación en las decisiones socioambientales sobre el proyecto. Dependiendo de la jurisdicción, habrá posibilidades de hacerlo a través de mecanismos formales; pero aún si no existen, emergen las reuniones de organización comunitaria con más personas del territorio, con autoridades a nivel local, con organizaciones afines y otras con el fin de informar, denunciar y también capacitarse.

Muchas organizaciones escalan las acciones y producen material de denuncia: volantes, webs, informes, material en redes sociales, columnas y apariciones en medios comunitarios y tradicionales, que documentan las posiciones y preocupaciones.

Acciones públicas de comunidades y academia

Hay muchos ejemplos de su diversidad. Por ejemplo, MOSACAT (Movimiento Socioambiental Comunitario en defensa del Agua y el Territorio), se ha hecho conocida por liderar la oposición al centro de datos de Google en Cerrillos, Santiago de Chile. Como analiza Lehuedé (2025), “MOSACAT colocó carteles, distribuyó folletos en mercadillos, recogió firmas, organizó manifestaciones en la obra, asambleas vecinales y se reunió con representantes de Google para impulsar el cambio. Pocos meses después de su creación, MOSACAT logró incluir una pregunta sobre el centro de datos en un referéndum público (aunque no vinculante), en el que el 38 % de los residentes aprobó el proyecto y el 49 % lo rechazó. Tres años más tarde, MOSACAT reveló que Google se había comprometido a «no utilizar agua» para refrigerar sus servidores”.

Por su parte, la organización de Estados Unidos, MediaJustice, ha trabajado con comunidades de los Estados del sur de ese país para comprender los impactos socioambientales que sufren sus comunidades debido al auge de la Inteligencia Artificial y sus centros de datos. En ese contexto, en el 2025 habilitó una caja de herramientas (en inglés) con una serie de materiales para que las comunidades se auto organicen y puedan reflexionar sobre la construcción de centros de datos.

Las reflexiones también toman la forma del arte. A principios del 2025, Chile inauguró su pabellón en la 19ª Bienal de Arquitectura de Venecia con la obra "Inteligencias Reflexivas”, liderada por los curadores Serena Dambrosio, Nicolás Díaz y Linda Schilling. “La instalación pone sobre la mesa la potencialidad que tiene la arquitectura a la hora de enfrentarse a los centros de datos. El pabellón hace un esfuerzo por reconstruir los 25 centros de datos que se ubican en Chile que han sido ingresados al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Estos informes presentan una arquitectura abstracta y críptica que ha sido difícil de entender, y que las comunidades que cohabitan con estas infraestructuras se han visto enfrentadas a la tarea de tener que convivir con esta tecnología”, explicó Nicolás Díaz. (Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, PUC, 2025).

c. Mitigar los daños; detener los proyectos

Las expectativas de una misma comunidad pueden ser muy variadas y complejas. Algunas tienen la el objetivo de mitigar los impactos socioambientales más perniciosos de los centros de datos en su comunidad; otros, quieren aprovechar implantar estándares ambientales a los centros de datos de las grandes tecnológicas (las empresas hoy más poderosos del mundo) para estratégicamente presionar a otros actores corporativos con peor comportamiento ambiental en su territorio a que sigan el ejemplo; algunos buscan medidas de remediación externas que vayan en beneficio de otras necesidades de la comunidad; así como otros querrán detener el proyecto completamente incluso a través de tribunales debido a que no lo quieren en su territorio o por razones de justicia ambiental más profundas.

No importan las razones, aquello es una decisión que debe tomarse en el contexto mismo en que se vive y en la convivencia democrática. No obstante, es conveniente decir que muchas veces es la acción de las comunidades -ya sea por la presión pública o por los tribunales- la que empuja a las autoridades a exigir mejoras y/o a las empresas a introducir tecnologías y mecanismos más eficientes de usos de recursos en los centros de datos. En otras palabras, no hacer nada parece ser el peor de los caminos.

d. articipar en políticas públicas relacionadas a los centros de datos

Muchos gobiernos, a distintos niveles, están diseñando políticas públicas que tienen que ver con la instalación de centros de datos en sus territorios. Desde planes de excepciones fiscales, desregulación o regulación ambiental, a planes de inversión para atraer a las empresas tecnológicas para que instalen sus centros de datos, entre otras.

La participación de las comunidades y de la sociedad civil no siempre está garantizada, lamentablemente. Con todo, comunidades y organizaciones alrededor del mundo ya están pensando en estándares socioambientales en centros de datos que pueden resultar inspiradores.

Para complementar, revisa la sección de datacenterboom.net llamada “¿Cómo responde la política pública a los impactos socioambientales de los centros de datos?”.

Experiencias globales

1. Estados Unidos

De acuerdo a un informe de Data Center Watch (2025) centrado en Estados Unidos, entre mayo de 2024 y marzo de 2025 se identificaron al menos 142 grupos de activismo en 24 estados que organizan la oposición a la construcción o expansión de centros de datos de hiperescala. Más aún, durante este periodo, se estima que proyectos por US $18 mil millones fueron bloqueados, y otros por US $46 mil millones fueron retrasados como resultado de la oposición local. ¿Qué lecciones deja esta oposición?:

• Las cifras demuestran que la resistencia comunitaria —no sólo simbólica, sino con efectos reales sobre inversión y cronograma— puede convertirse en un factor decisivo en el desarrollo de centros de datos a hiperescala. Para Data Center Watch, los centros de datos están emergiendo como el nuevo foco de resistencia local (“NIMBY”), en lugar de fábricas, centros comerciales o parques logísticos.
• Las objeciones recurrentes citadas incluyen: aumento de facturas de servicios públicos, elevado consumo de agua, ruido, impacto sobre el valor de las propiedades y la pérdida de espacios verdes. Estas preocupaciones brindan un marco muy concreto que las comunidades pueden usar para evaluar propuestas locales de centros de datos: ver cómo se articula el proyecto con recursos hídricos, energía, integridad ambiental, y calidad de vida.
• El informe subraya la importancia del nivel local: la mayoría de las decisiones de permisos y zonificación se toman a nivel municipal o de condado. Esto implica que, aunque haya impulso federal o corporativo, la resistencia comunitaria puede tener éxito vía mecanismos locales. Para comunidades globales, significa que organizarse a nivel de municipio, vigilar audiencias públicas, participar en procesos de zonificación, puede ser tan o más efectivo que intentar revertir políticas nacionales.
• La oposición no se limita a un solo tipo de ideología política: tanto funcionarios conservadores como progresistas han planteado objeciones. Por ejemplo: desde la derecha se enfatiza el impacto sobre la red eléctrica, los incentivos fiscales y la carga para los contribuyentes; desde la izquierda, los efectos sobre el medio ambiente, el consumo de agua y la “huella de carbono” de los datos. Esta dimensión “bipartidaria” sugiere que los argumentos en contra de cierto tipo de infraestructura tecnológica pueden sumar alianzas transversales, más allá del tradicional espectro izquierda-derecha.
• Finalmente, el informe sugiere que este fenómeno de oposición está aún en fase de expansión y profesionalización: en algunos estados se están formando coaliciones organizadas de múltiples grupos locales, con recursos para litigar, para presionar en medios de comunicación, y para incidir en regulaciones estatales o locales. Para comunidades globales, esto puede servir de inspiración para articular alianzas entre vecinos, ONGs ambientalistas, asociaciones de propietarios, y otras entidades que contemplan jugar un rol activo frente a desarrollos de centros de datos.

2. Europa

Una reciente encuesta publicada en octubre del 2025 y que fue encargada por Beyond Fossil Fuels y realizada por Savanta (2025), realizada en cinco países europeos —Alemania, Reino Unido, España, Suiza e Irlanda— y con la participación de más de cinco mil personas, reveló una mayoría contundente que se opone a la expansión sin control de centros de datos sin que haya garantías sobre su impacto energético, hídrico y económico.

En particular, el 72 % de los encuestados considera que los nuevos centros de datos solo deberían aprobarse si se crea nueva capacidad de energía renovable adicional para atenderlos; el 64 % cree que no deberían construirse si van a usar combustibles fósiles; y el 76 % pide que sean alimentados exclusivamente por fuentes renovables.

La preocupación ciudadana no se limita únicamente al cambio climático, sino también al riesgo de que los centros de datos consuman electricidad y agua que podría destinarse a otros usos sociales prioritarios —como vivienda, salud, alimentación— y que estos centros “salten la fila” de acceso a energía o agua en momentos de estrés para la red o los recursos hídricos. Más aún, solo un 3-4 % de los encuestados consideraron que los centros de datos deberían tener prioridad en el suministro de agua o energía en situaciones críticas, lo que demuestra el bajo peso social que la ciudadanía asigna a este tipo de infraestructura frente a servicios básicos.

Además, el comunicado señala una fuerte demanda hacia las empresas de “Big Tech” y los operadores de centros de datos para que sean más transparentes: el 85 % de los encuestados quieren que estos operadores publiquen sus impactos ambientales, el 83 % demanda que informen sobre su consumo energético y fuente de electricidad.

También se argumenta que los gobiernos deben establecer criterios claros para la distribución de electricidad, priorizando los usos sociales críticos en lugar del despliegue indiscriminado de centros de datos.

Basados en estos resultados, el llamado es a:

• Reorientar las prioridades energéticas hacia el bien común
  El informe sostiene que los gobiernos europeos deben establecer reglas claras de priorización energética, de modo que los centros de datos no compitan en igualdad de condiciones con hospitales, transporte público o vivienda. La idea es que la electricidad y el agua se asignen según criterios de utilidad social y resiliencia, no según la capacidad de pago de las grandes tecnológicas. Este punto implica que los estados deberían introducir mecanismos de jerarquización del consumo en momentos de escasez o sobrecarga de la red, asegurando que los usos críticos humanos tengan precedencia sobre los usos corporativos intensivos.
• Condicionar las autorizaciones a aportes de energía renovable adicional
  El 72 % de los europeos encuestados respalda que solo se aprueben nuevos centros de datos si éstos añaden nueva capacidad renovable a la red (no simplemente la compran). En términos de política pública, esto implica pasar de un modelo de “energía equivalente” (donde las empresas adquieren certificados verdes) a uno de “adicionalidad renovable”, donde cada nueva instalación tecnológica debe contribuir directamente a la expansión de la matriz limpia. Los gobiernos podrían, por ejemplo, requerir que cada megavatio consumido esté vinculado a una inversión equivalente en solar o eólica local.
• Imponer límites o moratorias temporales en zonas saturadas
  El informe sugiere que los países o regiones con redes eléctricas frágiles o alta competencia por el agua deberían poder establecer moratorias o cuotas al crecimiento de los centros de datos. Esto se deriva de la percepción pública de que la infraestructura digital está “saltando la fila” y generando estrés hídrico y energético. Políticamente, implica que los gobiernos podrían fijar zonas de exclusión o cupos máximos por región, siguiendo ejemplos de Irlanda o Países Bajos, donde ya se aplican límites temporales a nuevas conexiones.
• Fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas ambiental
  Una mayoría del 85 % exige que las empresas de Big Tech publiquen sus datos reales de consumo energético, hídrico y emisiones. Esto apunta a que la formulación de políticas debería incluir obligaciones de reporte público (similares a las de sectores industriales), con auditorías verificables y estandarización de métricas. Las políticas podrían basarse en esquemas como los del “Energy Efficiency Directive” revisado de la UE, que ya impone reportes anuales a centros de datos de más de 500 kW.
• Incorporar justicia ambiental y fiscalidad redistributiva
  El informe plantea que las políticas nacionales deben reconocer que los centros de datos benefician principalmente a grandes corporaciones tecnológicas mientras trasladan los costos ambientales y de infraestructura al público. De ahí se desprende la necesidad de instrumentos fiscales correctivos —por ejemplo, impuestos al uso intensivo de energía o agua, o contribuciones compensatorias a fondos locales de transición energética—. Estas medidas buscarían equilibrar la carga y restituir beneficios a las comunidades donde se ubican las infraestructuras.
• Enmarcar la planificación digital dentro de la transición energética justa
  Finalmente, Beyond Fossil Fuels advierte que la expansión de la inteligencia artificial y del almacenamiento de datos debe integrarse explícitamente en los planes de transición energética y climática, en lugar de considerarse un sector separado. Esto implica que la planificación digital —como la aprobación de parques tecnológicos o data centers— debe alinearse con los objetivos climáticos nacionales y con los presupuestos de carbono, evitando que el “crecimiento digital” erosione los avances logrados en descarbonización.